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Durante el debate ARCHI, la periodista Mónica Pérez le preguntó al candidato Johannes Kaiser sobre sus declaraciones del día anterior respecto al cierre de Punta Peuco como penal especial. El presidenciable calificó como una violación a los derechos humanos la decisión del Gobierno en transformar el recinto en una cárcel común.
En su respuesta a la periodista, Kaiser rechazó el cierre de Punta Peuco, sugiriendo que la Contraloría General de la República (CGR) y la Corte Suprema (CS) habrían advertido que la medida vulneraría los derechos humanos de los reclusos del penal. En sus palabras:
“Si usted quiere ignorar directamente lo que que han planteado no solamente la Contraloría General de la República, sino que también la Corte Suprema, por razones políticas, porque es conveniente políticamente ignorar eso. Resulta que los derechos humanos nos interesan solamente cuando afectan a un sector y no cuando afectan los otros sectores.”
Johannes Kaiser, candidato presidencial.
Contexto
En la Cuenta Pública 2025, el presidente Gabriel Boric anunció el fin del carácter especial del penal Punta Peuco, señalando que “no existe justificación para mantener un recinto penitenciario diferenciado para criminales de lesa humanidad” y que la medida “refuerza el principio de igualdad ante la ley”.
El lunes 3 de noviembre de 2025, el mandatario comunicó oficialmente la toma de razón de la Contraloría General de la República respecto al decreto que pone término a Punta Peuco como penal especial, integrándolo al sistema penitenciario común bajo el nombre de Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil.
En tanto, el Diario Oficial de la República de Chile publicó este martes 4 de noviembre el decreto supremo titulado “Modifica Decreto Supremo N° 580, de 1995, del entonces Ministerio de Justicia, que crea establecimiento penal en comuna de Tiltil”, con lo que se concreta legalmente el cambio.
Según informó el Gobierno, actualmente se ejecutan obras dentro del recinto para adecuar la infraestructura antes de recibir nuevos internos desde comienzos de 2026.
Los trabajos incluyen la ampliación de capacidad (de 112 a 144 plazas), la construcción de un galpón de visitas y la implementación de espacios equivalentes a los de otros penales del país.
¿Qué dijo la Contraloría?
Tras el anuncio presidencial, la Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Dorothy Pérez, emitió el Dictamen N° E184038 (29 de octubre de 2025).
El documento no cuestiona el cierre del penal, pero advierte al Gobierno que debe garantizar la integridad física y la salud de los internos adultos mayores durante el proceso de transformación del recinto.
“La regulación sobre la administración interna de ese recinto debe considerar la normativa vigente y los tratados internacionales ratificados por Chile, así como lo resuelto, en definitiva, por los Tribunales de Justicia, en cuanto al resguardo de la integridad física y la salud de las personas adultas mayores privadas de libertad.”
Dictamen E184038, Contraloría General de la República
La advertencia tiene carácter técnico y preventivo. La CGR no califica la medida como violación a los derechos humanos, sino que recuerda al Ejecutivo su deber de cumplir con los estándares internacionales de trato humanitario.
¿Qué ha dicho la Corte Suprema?
La Corte Suprema de Chile ha mantenido una jurisprudencia constante respecto a los condenados por crímenes de lesa humanidad, estableciendo que:
- Los internos mantienen derechos básicos, como acceso a salud y trato digno.
- Los delitos de lesa humanidad no admiten beneficios carcelarios especiales ni condiciones privilegiadas.
- Cumplir la pena en un penal común no vulnera derechos humanos, siempre que existan condiciones humanitarias adecuadas.
Sin embargo, el máximo tribunal aún no logra un consenso interno sobre cómo equilibrar el principio de justicia para las víctimas con las consideraciones humanitarias hacia los condenados de edad avanzada o con enfermedades graves.
En otras palabras, la Corte Suprema no ha establecido una postura única sobre el tratamiento penitenciario de internos adultos mayores condenados por violaciones a los derechos humanos, aunque ninguno de sus fallos recientes considera que el cierre de Punta Peuco vulnere derechos humanos o que deba revertirse.
En resumen
El dictamen de la Contraloría no se opone al cierre, sino que exige un cumplimiento responsable del proceso durante su transformación a un penal común, mientras que la Corte Suprema reafirma la igualdad ante la ley de los condenados por delitos de lesa humanidad y los tratados internacionales suscritos por Chile. Por tanto podemos decir que la afirmación emitida por el candidato Johannes Kaiser es calificada como engañosa.
Utilizamos el calificativo «engañoso» cuando los datos incluyen elementos de la realidad, pero están interpretados de tal manera que pueden inducir a engaño.