Expusieron en la UAI, el Director de Estudios del organismo, Daniel Pefaur y el Secretario del Consejo Directivo, José Ruiz Yáñez. En la charla, se refirieron a la utilidad de las plataformas Infolobby e Infoprobidad y analizaron la crisis ambiental en Quintero.
Por Felipe Soto Chace
Falta poco menos de un mes para que se cumplan 10 años desde que empezó a regir la Ley de Transparencia, que exige que los funcionarios estatales hagan públicas determinadas acciones para evitar casos de corrupción. En este contexto, el Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación organizó la primera charla de 2019. En la actividad Daniel Pefaur y José Ruiz Yáñez conversaron con alumnos y académicos sobre los usos de la ley 20.285 y las oportunidades que tienen los periodistas para encontrar material con impacto noticioso y relevancia social.
En 2014 entró en vigencia la Ley de Lobby y en 2016, la Ley de Probidad. Lo anterior llevó a que el consejo creara para su fiscalización las plataformas digitales “Infolobby” e “Infoprobidad”. Con la nueva legislación, los lobistas están obligados a registrar su actividad, lo que permite que cualquier ciudadano pueda ver a quién representa, con qué autoridad se reunieron, entre otros datos.
Hasta el momento, el sitio contiene información de 230.000 autoridades, 324.000 viajes, 31.000 donativos, además, de otros números. En tanto, en “Infoprobidad” están disponibles las declaraciones de patrimonio de interés de los funcionarios públicos.
En relación con lo anterior, los expositores se refirieron a casos en que la prensa publicó noticias usando los datos contenidos en los portales mencionados. Así, El Dínamo publicó el siguiente titular: “Nuevas propiedades, autos y compras: así creció el patrimonio de los parlamentarios en 2018”, en tanto, Pulso tituló con lo siguiente: “Uber, Wom, AFP y gremios pesqueros lideraron el lobby directo en el Congreso el año pasado”.
La contaminación en Quintero y los operativos policiales en La Legua
Pefaur se refirió a las herramientas que la ley 20.285 le entrega a los comunicadores frente a casos como la reciente crisis ambiental en Quintero y Puchuncaví. Según el investigador, vía Ley de Transparencia se puede exigir información de permisos, decretos o emisión de gases contaminantes por parte de las empresas, y agregó que esos datos pueden entregar un marco de certezas frente a la gran cantidad de hipótesis contradictorias que emitieron los actores involucrados.
“Una investigación profunda y rigurosa que, por último, revelara las falencias hubiera sido, o podría ser todavía, un gran apoyo para solucionar ese problema. Hay información que podría haber sido un aporte fundamental. Se puede exigir por Ley de Transparencia y si no te la entregan puedes reclamar”, expresó el presentador.
Asimismo, el comisionado se refirió a un caso en la población La Legua Emergencia, donde indicó que un vecino hastiado de los procedimientos preventivos de Carabineros en el lugar, en los que le revisaban permanentemente sus pertenencias, se apoyó en el Consejo para la Transparencia para exigirle al Ministerio del Interior dar a conocer el plan respectivo y sus protocolos. Según Pefaur, la situación llevó a que la cartera finalmente revelara que no tenían ningún plan.
Los expositores, también mostraron cifras recabadas por el Estudio Nacional de Transparencia, donde se muestra que un 79% de la ciudadanía afirma que las instituciones son corruptas y un 86%, que el acceso a la información pública es necesario. Asimismo, si bien el año 2016 el 47% de la población pensaba que es fácil detectar la corrupción en Chile, la cifra llegó al 59% en 2018.