Todo comezó cuándo el gobernador del estado de Virginia, Glenn Youngkin, el día 7 de agosto de 2024, emitió la Orden Ejecutiva 35 a 90 días de las elecciones presidenciales que se disputan el 5 de noviembre. Para una “seguridad electoral integral protegiendo a los votantes legales y el conteo preciso”. Esto quiere decir que bajo una Orden Ejecutiva, el comisionado electoral tendría la facultad para eliminar regularmente a personas que no sean “identificadas como ciudadanas”.
En inglés, a esto se le conoce como “voter purge”. Se trata de un proceso en el que las autoridades electorales eliminan a ciertos votantes de los registros oficiales, de manera que terminan fuera de la inscripción de votantes. Los casos en los que esto ocurre es para asegurarse que solo personas aptas para votar lo hagan, en consecuencia, se eliminan a personas fallecidas, no pertenecientes al estado, y a no ciudadanos legales.
El 7 de octubre de 2024 por la noche, la Coalición de Virginia por los Derechos de los Inmigrantes (VACIR, sus siglas en inglés) junto a la organización Liga de Mujeres Votantes de Virginia, presentó una demanda contra la Junta Electoral de Virginia y el Fiscal General, Jason Miyares. Desde las organizaciones civiles acusan violaciones de la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 tras la Orden Ejecutiva 35, firmada por el Gobernador Glenn Youngkin.
Desde VACIR explican en su comunicado prensa que “las licencias de conducir de Virginia están disponibles para los no ciudadanos y pueden permanecer válidas hasta por ocho años, lo que significa que las personas que obtuvieron licencias de conducir como no ciudadanos, posteriormente se convirtieron en ciudadanos estadounidenses y se registraron legalmente para votar están siendo eliminadas ilegalmente de las listas de votantes con base en información obsoleta del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)».
Ante la Orden Ejecutiva 35, se abrió una causa legal donde dicen que “los Estados Unidos alegan que la implementación del Programa viola la Disposición del Período de Silencio”. Añaden a esto que “las acciones ilegales del estado en este caso probablemente han confundido, disuadido y eliminado a ciudadanos estadounidenses que son completamente elegibles para votar”.
El Departamento de Justicia anunció el 11 de octubre pasado en un comunicado de prensa que presentaron una demanda contra el estado de Virginia, la Junta Estatal de Elecciones de Virginia y el Comisionado de Elecciones de Virginia tras «impugnar un programa estatal sistemático destinado a eliminar votantes de sus listas electorales demasiado cerca de las elecciones generales del 5 de noviembre, en violación de la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993».
Un tribunal federal del Distrito Este de Virginia dictó sentencia el 25 de octubre donde exige a la Mancomunidad de Virginia que «cese un programa para eliminar a los votantes de las listas electorales de Virginia entre ahora y las elecciones generales del 5 de noviembre». Ordenó, además a la Mancomunidad que compartieran una guía para que restablezcan de inmediato a los votantes sus inscripciones que había sido canceladas debido al programa, a excepción de quienes solicitaran la eliminación o estuvieran sujetos a la eliminación por otras razones. El documento fue firmado por Patricia Tolliver Giles, juez de Distrito de Estados Unidos, en Alexandria, Virginia.