Qué Dice

LA NUEVA CONSTITUCIÓN LO DICE

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La franja del APRUEBO del viernes 5 de agosto, entre los minutos (3:52-5:13) dice que la Nueva Constitución garantizará el derecho a sueldo justo y a disfrutar del tiempo libre. Esto, el texto constitucional, LO DICE.

¿Qué dice la Constitución?

Los artículos aludidos por la franja (46, 47 y 91) dicen:

Artículo 46

  1. Toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital, a la garantía de indemnidad y al pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo
  2. Las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente, que asegure su sustento y el de sus familias. Además, tienen derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor.
  3. Se prohíbe cualquier discriminación laboral, el despido arbitrario y toda distinción que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal.
  4. El Estado generará políticas públicas que permitan conciliar la vida laboral, familiar y comunitaria y el trabajo de cuidados.
  5. El Estado garantiza el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproductiva y resguardando los derechos de la maternidad y paternidad.
  6. En el ámbito rural y agrícola, el Estado garantiza condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de los derechos laborales y de seguridad social
  7. Se reconoce la función social del trabajo. Un órgano autónomo debe fiscalizar y asegurar la protección eficaz de trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales.
  8. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante.

Artículo 91

Toda persona tiene derecho al ocio, al descanso y a disfrutar el tiempo libre.

Artículo 47

  1. Las trabajadoras y los trabajadores, tanto del sector público como del privado, tienen derecho a la libertad sindical. Este comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.
  2. Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de trabajadoras y trabajadores ante el o los empleadores.
  3. El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, de afiliarse y desafiliarse de ellas, de darse su propia normativa, de trazar sus propios fines y de realizar su actividad sin intervención de terceros.
  4. Las organizaciones sindicales gozan de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señale la ley.
  5. Se asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponde a las trabajadoras y los trabajadores elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de trabajadoras y trabajadores.
  6. La Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a través de ella, los que no podrán ser limitados por la ley.
  7. La ley no podrá prohibir la huelga. Solo podrá limitarla excepcionalmente con el fin de atender servicios esenciales cuya paralización pueda afectar la vida, salud o seguridad de la población.
  8. No podrán sindicalizarse ni ejercer el derecho a la huelga quienes integren las policías y las Fuerzas Armadas.

Específicamente, en el segundo inciso del artículo 46, el texto menciona el derecho de los trabajadores y trabajadoras a “una remuneración equitativa justa y suficiente, que asegure su sustento y el de sus familias”. Por otra parte, el derecho a “disfrutar el tiempo libre”, está mencionado en el artículo 91.

El derecho a sueldo justo y a disfrutar el tiempo libre fue presentado en la franja del Apruebo a través del testimonio de un hombre que tenía dos trabajos. Esta historia generó polémica en el capítulo del 8 de agosto de “Tú Decides”, el espacio de política de Canal 13, donde el ex convencional y vocero del Rechazo, Bernardo Fontaine, interpela a Wlado Mirosevic (coordinador del Apruebo) diciendo:

“La franja (del Apruebo) dice que un señor que tiene doble trabajo gracias a la constitución va a dejar de trabajar en sus dos trabajos y además va a poder disfrutar de tiempo libre”

Lo que dijo Fontaine no es preciso. La franja aludida no dice que la persona dejará de trabajar, al contrario, enfatiza respecto del protagonista de la historia (personaje al que llaman Jaime) diciendo que este «igual tendrá que trabajar».

Chequeo realizado por Cecilia Ambler

RECUERDA: El FACT-CHECKING es un ejercicio periodístico humano. No es perfecto pero debe ser transparente en los criterios que aplica para llegar a un resultado. Regularmente los chequeos de nuestro Observatorio responden a los siguientes calificadores: Verdadero, Falso, Impreciso, Engañoso (puedes seguir la metodología acá), pero en el caso del plebiscito del 4 de septiembre los modificamos por dos, en función a la claridad y la transparencia: LO DICE – NO LO DICE, en relación al texto de nueva Constitución. Si encuentras errores importantes escríbenos.

LA NUEVA CONSTITUCIÓN NO LO DICE

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En la franja electoral del APRUEBO del domingo 14 de agosto se habla de viviendas sociales y, en ese contexto, el ex convencional Benito Baranda dice que «la nueva Constitución garantiza que vamos a acceder a ese gran sueño de la vivienda propia». Conversamos con él para ver qué artículos considera en su afirmación y sumamos abogados expertos. Consideramos que lo suyo es una interpretación, pero el texto NO LO DICE. La propuesta de nueva Constitución sí explicita el derecho a una «vivienda digna y adecuada» pero no es lo mismo que vivienda propia, como reconoce la ONU sobre esta materia.

¿Qué dice la Constitución?

Artículo 51

  1. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria.
  2. El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando, a lo menos, la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficientes, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, conforme a la ley.
  3. El Estado podrá participar en el diseño, la construcción, la rehabilitación, la conservación y la innovación de la vivienda. Considerará particularmente en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos de especial protección.
  4. El Estado garantiza la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos, según determine la ley.
  5. El Estado garantiza la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. Administra un Sistema Integrado de Suelos Públicos con facultades de priorización de uso, de gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social, y de adquisición de terrenos privados, conforme a la ley. Asimismo, establecerá mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público, de conformidad con la ley.

Artículo 52

  1. El derecho a la ciudad y al territorio es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad.
  2. En virtud de ello, toda persona tiene derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna.
  3. Es deber del Estado ordenar, planificar y gestionar los territorios, las ciudades y los asentamientos humanos; así como establecer reglas de uso y transformación del suelo, de acuerdo con el interés general, la equidad territorial, sostenibilidad y accesibilidad universal.
  4. El Estado garantiza la protección y el acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos; la movilidad segura y sustentable; la conectividad y seguridad vial. Asimismo, promueve la integración socioespacial y participa en la plusvalía que genere su acción urbanística o regulatoria.
  5. El Estado garantiza la participación de la comunidad en los procesos de planificación territorial y políticas habitacionales. Asimismo, promueve y apoya la gestión comunitaria del hábitat

Contactamos a Benito Baranda y nos dijo que la propiedad se consagra en el artículo 51: «en el segundo inciso del artículo 51 hay 10 características o atributos de vivienda propia y uno de los atributos es la seguridad de la tenencia. La seguridad de la tenencia en el derecho internacional es propiedad plena, arriendo, propiedad en cooperativa, propiedad colectiva, hay distintos tipos de tenencia» y agrega que «en el artículo 78 se cautela la propiedad de la vivienda para las personas al decir que todo lo que tú tienes en propiedad te pertenece y nadie te lo puede quitar»

El concepto clave en su respuesta es «seguridad de tenencia».

Acudimos al derecho internacional, como nos recomendó el propio ex convencional. El Informe 21 sobre Vivienda Adecuada, de Naciones Unidas, se refiere a la «seguridad de tenencia» y lo presenta en términos distintos a los de Baranda. Dice: «La seguridad de la tenencia es la piedra angular del derecho a una vivienda adecuada» y respecto de vivienda adecuada dice explícitamente: «el derecho a una vivienda adecuada NO es lo mismo que el derecho a la propiedad. A veces se cree que el derecho a una vivienda adecuada equivale a un derecho a la propiedad o al derecho de propiedad (…)»

¿Por qué son cosas distintas?

El documento dice que el concepto de vivienda adecuada no es lo mismo que el derecho de propiedad porque busca que las personas vivan en un lugar seguro incluso si no son propietarias. Esto es relevante en el caso de las viviendas sociales, que es lo que estamos analizando. Revisa el extracto del documento en la imagen. Si quieres acceder a la versión digital, pincha acá.

Preguntamos a dos expertos si la «seguridad de tenencia» garantiza, en vivienda social, la vivienda propia, como dice la franja del 14 de agosto.

El abogado Joaquín Jofré dice: «Tenencia es un concepto amplio que se puede relacionar a la “mera tenencia” regulada en el artículo 714 del código civil. La mera tenencia se define legalmente como la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño sino en lugar o a nombre del dueño. La mera tenencia no puede culminar en propiedad. Bajo la legislación actual, en Chile prima la teoría de la posesión inscrita, bajo la cual para adquirir un bien raíz, se requiere que dicho bien esté inscrito en el conservador de bienes raíces, a falta de inscripción no hay posesión y, por tanto, no hay propiedad. Esta ha sido la postura mayoritaria de doctrina y jurisprudencia y no permitiría que la mera tenencia de un inmueble culmine en propiedad. Se debe considerar que una mera tenencia por definición implica reconocer que hay una propiedad ajena»

¿Quiere decir entonces que el texto de nueva Constitución no garantiza el derecho de propiedad sobre las viviendas?

El artículo 78 se refiere a propiedad privada. Se deduce de éste que si has adquirido una vivienda, tu derecho está garantizado:

  1. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables.
  2. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme con su función social y ecológica.
  3. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador.

A esto se refiere el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Javier Wilenmann: «esto se ha confundido con la discusión sobre si la Constitución garantiza propiedad sobre la casa propia. El Rechazo lo tiende a presentar como que se lo excluye. Eso es claramente falso. La propiedad sobre la vivienda está protegida por derecho de propiedad. El derecho al acceso a la vivienda, es protegido por el derecho social a la vivienda, que como ustedes señalan no tiene un modelo centrado exclusivamente en entregar viviendas en propiedad». Wilenmann es Doctor Juris (summa cum laudae) de la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

En resumen: El texto constitucional no asegura vivienda propia para todos, pero sí estipula vivienda adecuada. Es decir un espacio seguro incluso para quienes viven en un inmueble sin ser dueños de éste. Tampoco es cierto que quienes son dueños de sus casas o adquieran una a futuro pierdan ese derecho de propiedad

RECUERDA: El FACT-CHECKING es un ejercicio periodístico humano. No es perfecto pero debe ser transparente en los criterios que aplica para llegar a un resultado. Regularmente los chequeos de nuestro Observatorio responden a los siguientes calificadores: Verdadero, Falso, Impreciso, Engañoso (puedes seguir la metodología acá), pero en el caso del plebiscito del 4 de septiembre los modificamos por dos, en función a la claridad y la transparencia: LO DICE – NO LO DICE, en relación al texto de nueva Constitución. Si encuentras errores importantes escríbenos.

LA CONSTITUCIÓN NO LO DICE

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En la franja electoral del RECHAZO del martes 9 de Agosto, entre los minutos (4:00-6:01), un hombre que participó en un programa de reinserción de Fundación Paternitas dice que con la nueva Constitución quieren que «solo el Estado pueda tener programas de reinserción, dejando fuera a las fundaciones». Pero, esto último, el texto constitucional NO LO DICE exactamente así.

¿Qué dice la Constitución?

Artículo 53

Las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así́ como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos que señalen esta Constitución y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos humanos.

El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Correa, aclara que no hay una interpretación correcta en la franja aludida porque el texto no incluye la palabra «solo».

«Sería cierto si el artículo 53 dijera: La reinserción social de las personas condenadas, SOLO será desarrolladas por los organismos públicos (…)»

¿Y qué hay con las fundaciones?

El jurista dice: «el Estado puede crear fundaciones y corporaciones conforme al derecho civil, o puede crearlas por ley sujetas a la reglas que la misma ley establezca».

Este chequeo fue realizado por Cecilia Ambler

RECUERDA: El FACT-CHECKING es un ejercicio periodístico humano. No es perfecto pero debe ser transparente en los criterios que aplica para llegar a un resultado. Regularmente los chequeos de nuestro Observatorio responden a los siguientes calificadores: Verdadero, Falso, Impreciso, Engañoso (puedes seguir la metodología acá), pero en el caso del plebiscito del 4 de septiembre los modificamos por dos, en función a la claridad y la transparencia: LO DICE – NO LO DICE, en relación al texto de nueva Constitución. Si encuentras errores importantes escríbenos.

LA CONSTITUCIÓN NO LO DICE

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En la franja electoral del APRUEBO del Viernes 5 de Agosto, (Partido Socialista de Chile, Franja ciudadana y pluralista) entre los minutos (2:57-3:34) dicen que con la nueva Constitución ningún corrupto llegará al poder y que «la colusión será imposible». Pero, esto último, el texto constitucional NO LO DICE.

¿Qué dice la Constitución?

En los artículos aludidos por la franja (170 a 173) se habla de corrupción pero no de colusión. Dice:

Artículo 170

  1. La corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático.
  2. Es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicarla corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado. En cumplimiento de lo anterior, deberá adoptar medidas eficaces para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción.
  3. Los órganos competentes deberán coordinar su actuar a través de las instancias y los mecanismos que correspondan para el cumplimiento de estos fines y perseguir la aplicación de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan, en la forma que determine la ley.

Artículo 171

El Estado asegura a todas las personas la debida protección, confidencialidad
e indemnidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la función pública,
especialmente faltas a la probidad, transparencia y hechos de corrupción.


Artículo 172

No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas
condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia
intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado
de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demásque así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se
determinarán por ley.

Artículo 173

Respecto de las altas autoridades del Estado, la ley establecerá mayores
exigencias y estándares de responsabilidad para el cumplimiento de los
principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas.

En el texto que votaremos el 4 de septiembre la colusión aparece solamente en el artículo 182. Dice:

Artículo 182 
5. El Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados. Las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición dominante, así como las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados, se entenderán como conductas contrarias al interés social. La ley establecerá las sanciones a los responsables.

Habla de colusión pero no en los artículos que señala la franja ni tampoco en los términos que plantea. El texto dice «prevenir y sancionar» mientras la propaganda televisiva lo plantea en términos absolutos. Entonces nos preguntamos: ¿Realmente la Constitución puede garantizar que «la colusión será imposible»?

Acudimos al ex Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, quien dice:

«Eso es falso e incluso es justo al revés, con el nuevo borrador la colusión va a ser más posible que como es actualmente. Primero es falso porque siempre va a haber colusión, así como también siempre van a haber delitos, por mucho que las penas aumenten, que ya están muy aumentadas, no por eso dejan de cometerse delitos. Lo importante es que el país cuente con autoridades de libre competencia que sean fuertes, que estén empoderadas y ese es el caso precisamente de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia.»

El ex fiscal y actual director del Centro Competencia (CECO) de la Universidad Adolfo Ibáñez agrega: «Sin embargo, el borrador va a dificultar la labor de las autoridades, de manera que a futuro si se aprueba la nueva constitución va a ser más posible cometer infracciones de la libre competencia, por 4 razones: porque se podrán crear empresas estatales y no existe el principio constitucional de neutralidad competitiva, porque se prohíbe la colusión entre empresas solamente y no incluye por ejemplo a personas naturales, autoridades de gobierno, asociaciones gremiales, e incluso se establece la exigencia de que estas colusiones afecten al interés social y van a haber colusiones que no afecten el interés social, porque la delación compensada se debilita por la intromisión del ministerio público en las investigaciones en materia de colusión y porque el tribunal se debilita por la posibilidad de que no existan ministros economistas».

Este chequeo fue realizado por Fernanda Herrera y Felipe Soto Chace

RECUERDA: El FACT-CHECKING es un ejercicio periodístico humano. No es perfecto pero debe ser transparente en los criterios que aplica para llegar a un resultado. Regularmente los chequeos de nuestro Observatorio responden a los siguientes calificadores: Verdadero, Falso, Impreciso, Engañoso (puedes seguir la metodología acá), pero en el caso del plebiscito del 4 de septiembre los modificamos por dos, en función a la claridad y la transparencia: LO DICE – NO LO DICE, en relación al texto de nueva Constitución. Si encuentras errores importantes escríbenos.